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Derogar la reforma de pensiones de 2013 y conseguir, simultáneamente, el equilibrio financiero de la Seguridad Social

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, Mª Carmen Barrera, ha situado como objetivo prioritario para el sostenimiento de las pensiones un acuerdo de Diálogo Social que contenga la derogación de la reforma de pensiones de 2013 y, simultáneamente, el equilibrio financiero de la Seguridad Social, porque si no se pueden producir nuevos recortes.

Asimismo, ha señalado que es necesario derogar la reforma laboral de 2012, que ha supuesto una caída de ingresos de 15.000 millones de euros, según reconoció el ahora ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escribá, a través de un informe del 30 de septiembre de 2012 cuando era Presidente de la Autoridad Fiscal Independiente (AiREF).

Derogar la reforma de pensiones de 2013

Mª Carmen Barrera que ha hecho estas declaraciones, en Valencia, donde ha participado en una asamblea de delegados conjunta sobre la Consolidación del Sistema Público de Pensiones, ha instado al Gobierno a que cumpla su programa y derogue la reforma de pensiones de 2013 del PP, que fue aprobada de forma absolutamente unilateral y rompiendo todos los consensos. Ha dicho que “vivimos una situación anómala, pues llevamos tres años sin que esta normativa se aplique, gracias a que ha habido una movilización importante de todos los pensionistas de este país para que se diera marcha atrás a esta reforma”. Incluso la primera decisión de este Gobierno ha sido revalorizar las pensiones conforme al IPC.

Por tanto, hay que derogar esta ley, tal y como se contempla en el programa de Gobierno, y volver al marco de consensos del Acuerdo de pensiones de 2011. Pero al mismo tiempo, es imprescindible eliminar el déficit de la Seguridad Social.

En este sentido, ha instado al Gobierno a que “de la manera más urgente posible recupere el diálogo social para poner sobre la mesa un acuerdo que contemple estas dos cuestiones absolutamente primordiales y que no pueden ir la una sin la otra: la derogación de la reforma de pensiones de 2013 y recuperar el equilibrio financiero de la Seguridad Social, lo que implica que ingrese lo que tenga que ingresar y que no pague por lo que no tiene que pagar”. Si no es así puede haber nuevos recortes.

Derogar la reforma laboral

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social ha manifestado que el déficit de la Seguridad Social se debe en gran medida a la reforma laboral de 2012 que provocó 5 millones de despidos, la mayor devaluación de los salarios que se ha conocido en la historia de España y el mayor aumento de la precariedad laboral conocido en Europa.

Ha recordado que las cotizaciones a la Seguridad Social dependen del empleo y los salarios y que mientras no se derogue la reforma laboral, no va a desaparecer totalmente el déficit de la Seguridad Social. Es decir, “se podrán implementar medidas que lo paliarán, pero seguirá habiendo déficit a futuro porque el empleo y las cotizaciones son las que soportan la Seguridad Social y el pago de prestaciones”.

Por tanto, “hasta que no se derogue la reforma laboral, la Seguridad Social no vivirá tranquila” y ha pedido a la Vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, derogar esta normativa “también por las pensiones”.

En este sentido, le ha dicho que no se preocupe del miedo de los empresarios a derogar la reforma laboral, pues en 10 años, han ganado un 50% más, pasando de 1.367 millones de euros, que ganaban antes de la crisis, a 2.656 millones de euros. En cambio, los salarios han perdido 122 millones de euros. “No es que los empresarios tengan miedo a perder, sino que tienen miedo a no ganar lo que ganaban antes de la crisis”- ha dicho.

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UGT rechaza la publicidad de juguetes machista

La Unión General de Trabajadores denuncia los anuncios y catálogos sexistas, que dividen los juguetes entre niños y niñas, ayudando a consolidar las diferencias entre mujeres y hombres, que se va a extender a lo largo de toda la vida y que marcan también el mercado laboral.

Al mismo tiempo, el sindicato hace un llamamiento a toda la ciudadanía para que influya en la medida de sus posibilidades en el rechazo de estos catálogos de diferencias.

Estereotipos de género

Los estereotipos de género, una construcción social que aparece incluso antes del nacimiento y se prolonga durante toda la vida, son la causa de las discriminaciones que soportan las mujeres en el ámbito laboral.

Las decisiones que van tomando los padres y madres desde que conocen el sexo de su futuro bebé van a ir formando una concepción de la vida que separa a niños y niñas. El color de la habitación, de la ropa, de los accesorios, poner pendientes a las niñas… el tópico del rosa para las niñas y el azul para los niños. Todo va condicionando. Todo va calando.

En el marco de las celebraciones navideñas, incluso meses antes, las tiendas de juguetes nos inundan con catálogos que separan por colores los juguetes de niños y niñas y van introduciendo las tareas que se esperan de ellos y ellas a medida que van creciendo. Más tópicos: las muñecas para las niñas, los cochecitos para los niños.

Estos catálogos de juguetes, organizados por edades, van marcando el ritmo al que vamos a ir aprendiendo las tareas que la sociedad espera de cada uno de nosotros y nosotras.

Reparto de roles

Los patrones y el reparto de roles se van consolidando a medida que crecemos y todos los ámbitos de la vida, -sociedad, familia, escuela, espacios públicos…-, van reforzando unos patrones que se extienden hasta la universidad, con carreras enfocadas para chicas y para chicos. Y así llegamos al mercado laboral.  

Quienes tienen la capacidad de contratar entienden que las mujeres han sido preparadas a lo largo de su vida para unas determinadas tareas –cocinar, limpiar, cuidar…etc- y los hombres están suficientemente preparados para dirigir, construir edificios, conducir… etc.  

Todo hace que finalmente encontremos un mercado laboral en el que existe una marcada brecha de género y donde las mujeres tienen mayor presencia en sectores de producción con peores salarios como la hostelería, el comercio o la sanidad mientras que los hombres ocupan sectores como la industria o la construcción.

Brecha por género

Ese es el recorrido que nos lleva a la configuración de un género masculino y femenino, que va a situar a las mujeres en los empleos con menor valor ya que conllevan menores salarios y menor reconocimiento laboral y social y a los hombres en los empleos con mayores retribuciones y mayor reconocimiento laboral y social.

Una realidad que se construye de espaldas al artículo 14 de la Constitución Española, cuando consagra la igualdad entre los sexos como un principio fundamental.

Tímidos avances

A pesar de los tímidos avances que se van produciendo, los cambios en nuestra sociedad son muy lentos, de manera que nos encontramos con algunos catálogos que van dirigidos a esa sociedad que quiere cambiar esos roles que tradicionalmente se nos han asignado y que en modo alguno venían impresos en nuestro sexo, y otros catálogos dirigidos a la sociedad que se resiste a cambiar.

Ambos catálogos son elaborados a veces por las mismas empresas, compañías o grandes almacenes, haciendo convivir catálogos sexistas con catálogos igualitarios.

UGT.es

 
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578 personas murieron en accidente de trabajo

 

Hasta el mes de octubre de 2019 se han producido un total de 1.145.966 accidentes laborales y se han registrado 578 trabajadores fallecidos en accidente de trabajo, 6 más que los registrados hasta octubre de 2018. De los fallecidos, 516 eran trabajadores asalariados (las muertes entre asalariados descienden en un 7,4%) y 62 eran trabajadores por cuenta propia.

El mayor número de fallecimientos de asalariados ocurridos durante la jornada laboral se produjo en el sector servicios con 191 muertes (disminuyen un 19%, respecto al mismo periodo del año anterior), seguido de la construcción con 87 (aumentan un 14,5%) y el sector agrario con 32 fallecimientos.

Por otra parte, las causas más frecuentes de muerte por accidente laboral son los infartos y derrames cerebrales con 172 fallecimientos y los accidentes de tráfico con 179.

Por otra parte, la mal llamada Economía colaborativa y las malas condiciones asociadas a este sector repercute directamente en la seguridad y salud de los trabajadores, causándoles incluso la muerte. Los plazos ajustados, el exceso de carga de trabajo, las malas condiciones de los vehículos están implicados en el aumento de las cifras de siniestralidad.

Asimismo, el estrés laboral se ha convertido en una pandemia, estando presente en todas las profesiones y centros de trabajo, desencadenando problemas de ansiedad, depresión, etc. que, en casos crónicos, pueden llegar a propiciar los infartos o derrames cerebrales entre los trabajadores que lo padecen.

Enfermedades Profesionales

Por otro lado, las enfermedades profesionales registradas hasta el mes de noviembre ascienden hasta las 25.503, un 13,28% más que las registradas hasta el mes de noviembre de 2018. 13.371 de las cuales no causaron la baja del trabajador, mientras que 12.132 sí que causaron baja. El 52% de las enfermedades profesionales registradas se dieron entre mujeres.
 
El 85% de las enfermedades profesionales se enmarcan dentro del Grupo 2 “Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos”, entre las que se encuentran las patologías asociadas a los trastornos musculo esqueléticos.
 
Otro aspecto que merece la pena destacar es el escasísimo reconocimiento de aquellas enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos y que están encuadradas dentro del Grupo 6 de la clasificación. Hasta el mes de noviembre de 2019, únicamente han sido registradas 53 enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos, de las cuales 31 fueron provocadas por el amianto.
 
Por lo tanto, y aunque la declaración de las enfermedades profesionales, en términos generales, se está incrementando, permanece una, ya tradicional, infradeclaración de las mismas, sobre todo en aquellas relacionadas con los canceres ocupacionales.
 
UGT demanda entre otras medidas:
 
  1. La actualización del listado de enfermedades profesionales incluyendo aquellas enfermedades asociadas a los factores de riesgos nuevos y emergentes, como los de origen psicosocial.
     
  2. Impulsar el estudio de las enfermedades profesionales emergentes, para conseguir adoptar las medidas preventivas necesarias y evitar así los daños a la salud de los trabajadores.
     
  3. Potenciar la investigación sobre los distintos cánceres de origen laboral que aseguren las evidencias científicas sobre la cantidad de trabajadores expuestos y los niveles de exposición.
     
  4. Actuaciones contundentes de los poderes públicos respecto de la infradeclaración de los cánceres de origen profesional. Los costes derivados hacia el Sistema Público de Salud son inaceptables e insostenibles y deberían ser asumidos por las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
     
  5. Establecer ya el Fondo Estatal de Indemnización a las Víctimas del Amianto. Los trámites para su aprobación se han visto retrasados en numerosas ocasiones.
     
  6. La inclusión de los trastornos mentales y del comportamiento en el cuadro de enfermedades profesionales español. Estas patologías generan unos altísimos costes asociados, los cuales son asumidos por el Sistema Público. Si las patologías de origen laboral psicosocial fueran reconocidas como contingencia común, los costes asociados deberían, también, ser asumidos por las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
     
  7. La aprobación de una Directiva Comunitaria que regule la prevención del estrés laboral, así como del resto de riesgos psicosociales, ya que existe una falta de prevención de los mismos en el entorno empresarial.
     
  8. El desarrollo de la figura del delegado de prevención a nivel también sectorial y territorial, para suplir las carencias de prevención y mejorar las condiciones laborales en las pequeñas y medianas empresas. Está demostrado que los centros que cuentan con representación de los trabajadores, son centros más seguros.

Fuente: UGT.es

 
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UGT informa: Sentencia del Supremo que reconoce el infarto sufrido por un trabajador en su casa como accidente de trabajo

El trabajador Apolonio, que trabajaba como como operario de mantenimiento, estaba una tarde en su domicilio y comenzó a sentir un dolor en el brazo izquierdo, el cual persistió durante toda la noche.

 

Al día siguiente, por la mañana, Apolonio acudió a su trabajo y comenzó a realizar las tareas propias del mismo y estando en el lugar, el referido dolor se acentúa, apareciendo además otros síntomas tales como mareos y vómitos, por lo que abandona el puesto de trabajo para dirigirse a los servicios médicos, diagnosticándosele pericarditis aguda post infarto de miocardio.

Por lo anterior el trabajador inicia un proceso de IT, y el INSS resuelve que el proceso de IT es de carácter profesional por accidente de trabajo, y en consecuencia la Mutua debe responsabilizarse de las contingencias profesionales que tenía concertadas con la empresa en la que trabajaba Apolonio.

La Mutua no está de acuerdo con la resolución por lo que acude a la vía judicial y aplicando el Articulo 115.3 LGSS: “Se presumirá que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo», luego se opone expresando:

la actividad del trabajador no agudiza ni hace crisis del infarto, resulta que la baja médica del trabajador, así como su posterior intervención y tratamiento, provienen de enfermedad degenerativa claramente encuadrable en enfermedad común...»

Opone a la resolución del INSS que una enfermedad profesional es aquella que por su propia naturaleza puedan ser causadas o desencadenadas por el trabajo, sin que pueda aplicarse la presunción a enfermedades que "por su propia naturaleza excluyan una etiología laboral".

En primera Instancia pierde su pretensión la Mutua, así como en segunda ante el Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Extremadura, llegando al Tribunal Supremo, el cual, ya definitivamente, da la razón al trabajador, exponiendo en sus fundamentos:

“El esfuerzo de trabajo es con frecuencia un factor desencadenante o coadyuvante en la producción del infarto de miocardio» [ STS 27/12/95 - rcud 1213/95 -]; aparte de que «no es descartable una influencia de los factores laborales en la formación del desencadenamiento de una crisis cardiaca», ya que «las lesiones cardiacas no son por sí mismas extrañas a las relaciones causales de carácter laboral» [ STS 14/07/97 -rcud 892/96 -] [ SSTS 27/02/08 -rcud 2716/06 -; y 20/10/09 -rcud 1810/08 -].”

“Para destruir la presunción de laboralidad a que nos referimos es necesario que la falta de relación lesión/trabajo se acredite de manera suficiente, bien porque se trate de patología que por su propia naturaleza excluya la etiología laboral, bien porque se aduzcan hechos que desvirtúan dicho nexo causal [reiterando constante doctrina anterior, SSTS 20/10/09 - rcud 1810/08 -; 18/12/13 –rc”

En resumen, la patología que presentaba Apolonio, solo se puede considerar como enfermedad profesional, y es la Mutua, la que debe demostrar que el nexo causal entre trabajo e infarto no existe.

Accede aquí a la Sentencia

Fuente: FeSP UGT Andalucía

 

 
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"Hay que apostar por una integración sin fecha de caducidad"

Hoy 18 de diciembre, dia interancional del migrante, entrevistamos a SARA COLLANTES, Responsable de Políticas de Infancia y Desarrollo UNICEF Comité Español.

La Entrevista completa está disponible en el Boletín de Aula Intercultural.

“Hay que apostar por una integración plena de los Menores Extranjeros No Acompañados, sin fecha de caducidad”
 
¿De qué manera los servicios públicos se ocupan de los menores extranjeros no acompañados cuando llegan a nuestro país? ¿Cuáles son los pasos a seguir y cuál es la realidad?
Según la legislación española cuando un niño migrante no acompañado llega se le debería llevar a un centro de protección de la infancia. Estos centros son competencia de las CC.AA. Una vez allí está previsto que se evalúe quien es el niño que circunstancias tiene y si es menor de edad para después definir cuál es la mejor actuación de forma duradera, es decir la medida de protección más adecuada por la vulnerabilidad que en muchos casos presentan. Lo que ocurre es que en la situación actual, sobre todo por aumento de llegada de los años anteriores, el sistema de protección de muchas CC.AA se ha saturado y por tanto la calidad de la atención se ha reducido mucho. De manera que se están vulnerando derechos muy importantes de estos chicos y chicas y no se les están brindando ni la atención, ni la protección que necesitan.
 
¿Cuáles son los servicios públicos por los que tendrían que pasar?
Hay muchas diferencias entre CC.AA al ser una competencia descentralizada y no existen pautas comunes de actuación a nivel nacional.
Cuando un niño no tiene referentes familiares o en el caso de los niños autóctonos se le ha retirado la guarda o la custodia a los familiares es la administración autonómica la que asume la tutela de estos chicos y chicas y se establece una medida de protección. La más adecuada es el acogimiento familiar porque una familia es lo más parecido a un hogar, pero no siempre funciona porque no hay tantas familias disponibles. Y a partir de ahí hay diferentes recursos residenciales. La directriz de Naciones Unidas es que estos recursos residenciales deben ser lo más pequeños posibles y parecerse lo más posible a un entorno familiar porque es ahí donde se generan vínculos afectivos y los chicos sienten que se les trata de manera individualizada donde se conoce la circunstancia de cada chico y cada chica.  En muchas ocasiones esto no es así; con un sistema tan desbordado los chicos se quedan en centros de primera acogida saturados durante extensísimos periodos de tiempo, a veces incluso abandonan los centros porque no sienten que tienen una atención adecuada. Hay centros de primera acogida que se han llegado a crear en CC.AA con más afluencia de llegadas cono Andalucía o Cataluña que terminan reconvirtiéndose en centros residenciales ante la incapacidad de generar tantas plazas como son necesarias. El resumen es que hay una gran variedad de recursos residenciales que hay muchos de ellos saturados y que la solución ideal para estos niños y niñas es un acogimiento en familia pero no es una medida tan extensiva en España.
 
Sentía que iba a explotar sentado en el instituto 6 horas diarias sin entender nada y se sentía frustrado y humillado
 
¿Cómo adaptaría los programas de formación que se les brindan que suelen responder a las necesidades occidentales pero no a las expectativas y experiencia de vida que traen consigo estos menores?
Si llegan en una edad de escolaridad obligatoria son escolarizados. Es verdad que hemos detectado algunos retrasos en la escolarización pero en momentos especiales de llegadas muy continuas y numerosas. En estos momentos no existen problemas significativos en cuanto al retraso a la escolarización. Pero la escolarización no lo resuelve todo, de hecho yo recuerdo haber entrevistado a un chico subsahariano en la provincia de Cádiz que nos decía que sentía que iba a explotar sentado en el instituto 6 horas diarias sin entender nada y que se sentía frustrado y humillado. Es importantísimo acompañar la escolarización con medidas de acompañamiento educativo para que sea exitosa. No solo es necesaria una ayuda con la lengua sino también un apoyo psicosocial y un refuerzo escolar. Cuando no llegan en edad escolar obligatoria hay un verdadero problema; no se les está ofreciendo a muchos niños y niñas ningún tipo de actividad educativa ni formativa por la saturación del sistema. Ahora poco a poco se están pudiendo canalizar actividades pero muchas veces no se les escucha, no se tiene en cuenta sus expectativas y esto es fundamental para tener una integración exitosa. Adecuar los itinerarios formativos a esas expectativas va a ser fundamental de cara al futuro. No se trata de tener entretenidos a chicos y chicas sino una vez que están aquí y que no hay garantías suficientes para que vuelvan a sus países de origen hay que apostar por su integración sin fecha de caducidad una integración plena y esto pasa por un exitoso itinerario formativo enfocado a la inserción laboral lo que a día de hoy es una asignatura pendiente.  Nosotros estamos pidiendo una verdadera estrategia de estado en esta transición a la vida adulta de estos chicos muchos de los cuales están abocados a la más absoluta marginación social, no solo por el tema educativo sino también la propia regularización administrativa. Muchos de ellos no están recibiendo los servicios que la ley les reconoce y este es el primer paso porque sin la regularización administrativa no se puede conseguir ningún tipo de integración.
 
En los programas de acogida se aborda de alguna manera los traumas provocados en el proceso migratorio. ¿Cómo es el proceso de inserción? Y ¿Cuál suele ser el proyecto migratorio que ellos traen?
Muchos de ellos vienen de situaciones en países de origen muy complicadas relacionadas con el abandono familiar, institucional y a veces situaciones de violencia intrafamiliar, pueden tener también condición de refugiado o haber sufrido cualquier tipo de persecución. En el caso de las niñas hay casos que huyen de la mutilación genital femenina o de matrimonios forzosos y además de todo esto está el VIAJE. En las entrevistas sale a relucir la gran cantidad de abusos y explotación que sufren muchísimos de ellos y ellas en el camino hacia Europa. 
¿Y qué pasa cuando llegan aquí? Lo que hemos podido comprobar es que la atención emocional y el acompañamiento psicosocial es una asignatura pendiente y esto es muy grave, no solo por todo lo que tienen en la mochila, sino también por lo que supone la experiencia de llegada en cuanto a que el sistema no está dando la respuesta que tiene que dar. No se está produciendo una identificación de las necesidades individuales porque falta personal. Cuando hay psicólogos hemos detectados que en muchísimas ocasiones no hablan las lenguas de los chicos esto es un hándicap para los propios chicos que sienten frustración. Por tanto falta más personal con la especificación suficiente con el conocimiento de idiomas suficiente o bien con el apoyo de mediadores culturales que puedan hacer de este tipo de trabajo una terapia exitosa. Tenemos tantos ejemplos de que cuando se trabaja bien también a nivel de apoyo psicosocial se produce un cambio muy importante en la vida de estos chicos y chicas porque se estabilizan y pueden pensar en empezar una vida aquí.
 
Nos preocupan los episodios tan graves de actos de odio, de racismo y de estigmatización de estos menores cuando la gran mayoría de ellos nunca ha cometido ningún delito y luchan cada día, a pesar de que el contexto que tienen es muy adverso, por salir adelante e integrarse en nuestro país.
 
En los últimos meses los centros de menores, como el de Hortaleza en Madrid, están en el foco mediático. ¿Cuál es la realidad de los centros, existen recursos suficientes para la cantidad de menores?

Es obvio que no existen recursos suficientes. No es el único centro que están viviendo capítulos muy importantes de saturación incluso de sobreocupación, nosotros hemos visitado centros en Andalucía, Ceuta y Melilla que realmente tienen situaciones similares de sobreocupación, en algunas ocasiones hemos llegado incluso a calificarlo de riesgo por la saturación tan importante que tenían y en un contexto de sobresaturación no se puede trabajar. Es una carga también muy fuerte la que se le ponen a los propios trabajadores de los centros y al propio sistema. Es un personal con una carga de estrés enorme y que tiene poco acompañamiento para poder llevar a cabo un trabajo de calidad. En este contexto, en muchas ocasiones, los chavales abandonan los centros. Se producen situaciones de mala convivencia porque no hay espacio vital, no hay un disfrute de itinerario formativo y los chicos no sienten que hay vínculos afectivos que se pueden ir creando. Es un clima muy tenso que crea efectos colaterales. Sin embargo lo que más nos preocupa de lo que está pasando en Madrid son los episodios tan graves de actos de odio, de racismo y de estigmatización de estos chicos y chicas cuando la gran mayoría de ellos nunca ha cometido ningún delito y luchan cada día, a pesar de que el contexto que tienen es muy adverso, por salir adelante e integrarse en nuestro país. 

 
Hay una parte de la sociedad que insiste en relacionar Menores Extranjeros No Acompañados con delincuencia e inseguridad, ¿A qué peligro nos enfrentamos si no se combaten estas afirmaciones con argumentos?
La sociedad española siempre se ha caracterizado por ser una sociedad de acogida, una sociedad solidaria y paradójicamente el brote más fuerte de racismo se está dando en relación con niños y niñas. No olvidemos que son niños y niñas menores de 18 años que necesitan un enfoque de protección para además conseguir también que se integren en nuestro país. Es muy preocupante el uso del término negativo MENA; es un término que nosotros obviamos siempre porque tiene una carga muy negativa y estigmatizante. Parece que usándolo nos olvidamos realmente de que hay un niño detrás. Es muy fácil utilizar este discurso de odio dirigiéndolo hacia unas siglas que no dirigiéndolo hacia un niño o una niña en concreto que nos haga pensar en los niños que tenemos en nuestras familias, en nuestro barrio o en nuestro vecindario. Es muy grave porque se está identificando a niños no acompañados con delincuentes, eso no es así, la gran mayoría no ha cometido ningún delito. Es además una vulneración fragrante de la presunción de inocencia que se le reconoce a todos los seres humanos. Los ataques que se están produciendo y las manifestaciones en contra de ellos podrían llegar a constituir delitos de odio que hay que investigar. No podemos consentir que estos comportamientos se normalicen y empecemos a convivir con ellos con toda la naturalidad; son conductas que tienen que cesar lo antes posible. Por supuesto que la atención tiene que mejorar por supuesto que hay algunos casos de chicos que tienen particularidades o dificultades de integración social y que tienen que recibir una atención individualizada con recursos y personal especializados para que estos chicos se ubiquen mejor se estabilicen y puedan tener más posibilidades de integración pero no se puede estigmatizar y culpar a un grupo global de los males de un barrio con acusaciones totalmente infundadas o basadas en generalizaciones, prejuicios o en evidencias muy frágiles. 
 
¿Qué cambios en las políticas públicas tendrían que darse para dar salida y garantizar la integración de los menores?

Como estamos hablando de la criminalización y el estigma creemos que es fundamental dejar de hablar de MENAS y hablar de niños y niñas.  Pedir el compromiso de todas las fuerzas políticas para no seguir estigmatizando a los niños migrantes no acompañados porque ante todo y sobretodo son niños y niñas y además como estamos pidiendo hace falta una verdadera estrategia política a nivel nacional, que apueste por una integración real y plena de estos chicos y chicas en nuestro país y esto pasa por un reparto más equilibrado de la responsabilidad en toda España. Esto pasa por tener estándares comunes, por tener mecanismos que supervisen el trabajo que se está haciendo. Es necesario también que se apoye al personal y haya personal suficiente y quizá lo más importante; que haya una idea clara de que queremos con estos chicos una vez que cumplen los 18 años. Es fundamental que desde que ingresan en el sistema de protección se esté pensando en escucharles y en generar los itinerarios más exitosos para que puedan contribuir a nuestra sociedad e integrarse plenamente en nuestro país.

 
Cuando cumplen 18 años el sistema se desentiende y quedan en la más absoluta marginación social
 
¿Qué pasa después, cuando dejan de ser menores…?
En muchos casos el sistema se desentiende completamente de ellos. Ellos cuando llegan aquí tienen derecho a un permiso de residencia, el problema es que cuando llegan en edades próximas a la mayoría de edad como se están produciendo retrasos importantes en la tramitación muchas veces alcanzan los 18 años si tan siquiera haber obtenido el permiso de residencia al que tienen derecho por el simple hecho de haber estado tutelado en España como menores de edad. Luego tienen algunas posibilidades de continuar en situación regular pero los requisitos son muy difíciles de cumplir, se les exige una renta mínima para poder subsistir o un contrato a tiempo completo. De hecho hay plazas para ex tutelados para chicos que cumplen los 18 años en algunas comunidades autónomas y Ong´s pero ni si quiera las plazas están siendo capaces de dar cobertura a todos los chicos que hay. Cuando cumplen 18 años en el comedor del centro le cantan cumpleaños feliz para después coger las maletas, irse a la calle y encontrarse en la más absoluta marginación social. Hace poco me presentaban a un chico que iba a cumplir 18 años y solo me decía: “dentro de 2 meses es mi cumpleaños y me voy a ver en la calle”. Es el gran drama que tenemos delante en términos de cohesión social. Una sociedad cohesionada debería saber responder a este desafío correctamente, no debería permitirse tener a grupos enteros de personas en la más absoluta marginación social. 
 
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Urge una vivienda pública digna y adecuada

La Unión General de Trabajadores reclama una política de vivienda pública que permita el derecho a una vivienda digna y adecuada, que apueste por una mayor inversión pública (hasta alcanzar el 1,5% del PIB), y que evite una nueva burbuja de la compra y del alquiler.

El sindicato considera que el aumento del 28,2% del número de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en el registro de la propiedad en el tercer trimestre de 2019, respecto al mismo periodo de 2018, supone un drama para miles de familias, que ven como pierden la que ha sido su vivienda habitual durante muchos años sin que haya una solución por parte de las diferentes Administraciones Públicas.

Esta situación, unida a los bajos salarios, al mercado laboral totalmente precarizado (con una inadecuada protección al desempleo y una ausencia casi total de políticas activas de empleo), hace que muchos trabajadores y trabajadoras, sobre todo jóvenes, pierdan sus viviendas o se vean imposibilitadas a acceder a una, ya sea en alquiler o en propiedad.

Según la Estadística del INE sobre Ejecuciones Hipotecarias, correspondiente al tercer trimestre de 2019, el número de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en el registro de la propiedad en el tercer trimestre de 2019 ascendía a 12.369 inmuebles, lo que supone un 24,7% menos que el trimestre anterior. En lo que respecta a ejecuciones hipotecarias en viviendas de personas físicas, 947 se realizaron en viviendas habituales y 345 en segundas residencias, lo supone un 21,3% y un 27,3% menos, respectivamente. Por Comunidades Autónomas, Andalucía (289), Comunidad Valenciana (249) y Cataluña (197) fueron las que registraron un mayor número de ejecuciones, y en el lado opuesto se encuentran Navarra (4), País Vasco (5) o La Rioja (7).

Atajar el problema de la vivienda para combatir la pobreza y la exclusión social

Para UGT, es urgente apostar por una política pública de vivienda con derechos, que incluya la construcción de un gran Parque Social de Viviendas sociales a precios asequibles, preferentemente en alquiler, que permita una vivienda digna también a personas con menos recursos. En este sentido, resulta fundamental asignar a la vivienda un valor de uso y despojarla de todo instrumento que implique un valor de inversión o búsqueda de rentabilidad con su tenencia.

UGT insta a las fuerzas políticas progresistas a que, a la mayor brevedad posible, conformen un gobierno en el que, de manera prioritaria, incluya en sus políticas sociales el problema de la vivienda, su tenencia y acceso, como forma de combatir la pobreza y la exclusión social, poniendo en el centro de las mismas las necesidades habitacionales de las personas, con el objetivo de hacer efectivo un derecho tan fundamental como es el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible.

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Sin justicia social no pueden garantizarse los derechos humanos

En el día de hoy, 10 de diciembre, se celebra el día de los derechos humanos, coincidiendo con el aniversario de la adopción, por parte de la asamblea general de Naciones Unidas, de la declaración Universal de derechos humanos, en 1948.
En aquella histórica declaración, se promulgaron los derechos inalienables propios a todos los seres humanos, sin distinción alguna.

La importancia fundamental de la defensa de los derechos humanos jamás perderá su vigencia y, año tras año, diferentes situaciones en todo el mundo lo evidencian. La represión a las protestas en Chile, Ecuador, Haiti o Irak, el golpe de estado en Bolivia, la persecución racista y homófoba en Brasil, la muerte de miles de migrantes intentando alcanzar una vida mejor en el Mediterráneo, el ascenso de la ultraderecha en Europa y América Latina, son solo algunos ejemplos de la falta de garantía y la permanente amenaza que el marco de derechos humanos enfrenta en nuestro planeta.

Como organización de trabajadores, desde UGT celebramos este día como una oportunidad de reafirmar nuestro compromiso en la defensa y mejora de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, siendo conscientes de la necesidad de persistir ante las violaciones a los derechos humanos que afectan al sindicalismo en diferentes lugares del mundo.

En ese sentido, la situación de Colombia debe destacarse negativamente. Cientos de sindicalistas han sido asesinados en los últimos años en el país sudamericano, que lleva semanas exigiendo a su gobierno respuesta ante las populares demandas de justicia social y compromiso con la paz.

También nos encontramos con una situación preocupante en Filipinas. El gobierno de ultraderecha ha situado recientemente a los sindicatos como uno de sus objetivos y, recientemente, se ha desatado una terrible ola de ataques y detenciones arbitrarias de dirigentes sindicales, en un país donde han sido asesinados más de cuarenta sindicalistas en los últimos tres años.

La declaración Universal de los derechos humanos y el pacto Internacional de derechos civiles y políticos consagran el derecho de los trabajadores a la libertad de asociación por medio del establecimiento de sindicatos. En este marco de libertad de asociación, debemos defender el derecho de huelga, especificado en el Pacto Internacional de derechos económicos sociales y culturales.

La igualdad, la justicia y la libertad solo pueden garantizarse en un entorno donde los Derechos Humanos sean una realidad. Para ello, es fundamental encarar una transformación profunda del modelo económico europeo y mundial. El actual orden neoliberal socava permanentemente la garantía de algunos de los derechos humanos fundamentales, como el acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la igualdad entre hombres y mujeres y a sociedades democráticas, entre otros derechos sociales entre los que debemos incluir los derechos sindicales. Tal como consagra la declaración del 130 aniversario de nuestro sindicato, el capitalismo actual continúa siendo enemigo del bienestar de las mayorías y de la convivencia pacífica entre los pueblos, además de una seria amenaza para la democracia en cada vez más países del mundo.

En el actual contexto de enormes desigualdades sociales y de emergencia climática, una necesaria alternativa al neoliberalismo debe perseguir un nuevo modelo de desarrollo sostenible social y ambientalmente, bajo históricas banderas de los trabajadores como la justicia social y un reparto justo de la riqueza o nuevas inspiraciones, como la ineludible agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible.

 
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Las mujeres cobran 6.000 euros menos al año en la pensión que los hombres

Aunque son mayoritarias en la percepción de más de una pensión, las mujeres soportan un 34,64% de brecha en las pensiones en el Régimen General en relación a los hombres. O lo que es lo mismo, perciben 5.872,86 euros menos al año en la pensión.

Así lo ha manifestado la Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, durante la presentación del informe “Brecha salarial en las pensiones. La discriminación salarial más allá de la jubilación”, elaborado por el sindicato, en el que se refleja “que existe una alarmante brecha de género en todas las pensiones”.

 

En este sentido, ha señalado que “del total de los seis millones de pensiones por jubilación de la Seguridad Social, las mujeres son perceptoras del 38,58%; del total de perceptores de una pensión del Régimen de la Seguridad Social, solamente el 35,64% son mujeres. Existe casi un 30% de brecha en las pensiones en este apartado; del total de pensionistas por jubilación del Régimen de Autónomos, solo el 41,82% son mujeres. Estas mujeres soportan una brecha salarial del 25,93%; y de las pensiones del Régimen de Empleadas de Hogar, solo el 0,32% son percibidas por hombres, por un 99,68% de esas pensiones de jubilación percibidas por mujeres. Sin embargo, ellos cobran, de media, 434 euros más al año, algo inaudito”.

Cristina Antoñanzas ha resaltado que la pensión de viudedad es la única modalidad en la que existe una brecha en detrimento de los hombres. “La perciben un 96,19% en mujeres porque está ligada al trabajo del otro cónyuge, y eran los hombres quienes mayoritariamente participaban del empleo asalariado”.

Por Comunidades Autónomas, “la mayor brecha en la cuantía de las pensiones se da en Asturias, un 44,17%, diez puntos por encima de la media de las brechas. Hay que recordar que las mujeres estaban vetadas para trabajar en las minas hasta 1996. Las mujeres con pensiones de jubilación más altas viven en la Comunidad de Madrid, y solo cobran cuarenta y un euros más que los jubilados peor pagados que viven en Extremadura”.

Causas de la brecha en las pensiones

La Vicesecretaria General de UGT ha afirmado que la diferencia de la pensión entre hombres y mujeres es la clara consecuencia de las desigualdades de la vida laboral entre ambos sexos. “El empleo de las mujeres es peor que el de los hombres. La tasa de actividad de las mujeres es 11 puntos inferior a la de los hombres (64,46% la de los hombres, frente a 53,28% la de las mujeres en el tercer trimestre de 2019)”.

Además, “la tasa de ocupación de las mujeres es 11 puntos inferior a la de los hombres (55,70% la de los hombres y 44,03% la de las mujeres); el 74% del trabajo a tiempo parcial lo están realizando las mujeres; y los salarios de las mujeres también son peores que los de los hombres. Existe una brecha salarial que está afectando a las pensiones de las mujeres”.

Cristina Antoñanzas también ha expuesto que “las excedencias por cuidados de hijos e hijas son solicitadas en un 92,34% por las madres, frente a un 7,66% de los padres. Además, las excedencias por cuidados de otros familiares las demandan un 83,66% de mujeres y 16,34% de hombres. Las mujeres se quedan cuidando del hogar y no cotizan igual que los hombres; y el hecho de que no haya Educación Pública de 0 a 3 años obliga a que muchas mujeres tengan que permanecer en casa y perjudicar su vida laboral y su pensión”.

Además, las dificultades para acceder al sistema de dependencia también perjudican a las mujeres. “Solo el 14,4% de los hogares con personas dependientes acceden a cuidados en el domicilio y, de ellos, solo el 21% de los hogares acceden a servicios de cuidados gratuitos, y solo el 23,1% pueden pagar con cierta facilidad dichos cuidados”.

Corregir las desigualdades antes de la jubilación

Por todo ello, la Vicesecretaria General de UGT ha llamado a corregir las desigualdades entre mujeres y hombres antes de llegar a la jubilación. “Para empezar, hay que derogar la reforma laboral de 2012, que solo ha traído precariedad y desigualdad, y la reforma de pensiones de 2013, que conduce a la pobreza a nuestros pensionistas”.

“Hay que reducir la diferencia de la brecha en el acceso al empleo”, ha considerado. Para ello, “es necesario impulsar la creación de Escuelas Infantiles, públicas, gratuitas y de calidad de 0-3 años; impulsar y garantizar a los hogares, los cuidados de las personas dependientes, para quienes tienen las rentas más bajas; y aprobar también una ley de Igualdad Salarial, con valoración de los puestos de trabajo desde una perspectiva de género”.

Además, “hay que evitar la penalización doble que tenemos las mujeres en el trabajo a tiempo parcial y corregir la sentencia reciente del Tribunal Constitucional y hacerla extensiva para el desempleo y para los casos de incapacidad parcial o permanente, ya lo sean por enfermedad profesional o enfermedad común.

Un nuevo sistema de jubilación que tenga en cuenta a las mujeres

Para Cristina Antoñanzas, “un nuevo sistema de jubilación que deberá ir acompañado de medidas destinadas a reforzar los derechos de las mujeres. Desde enero de 2016 las mujeres que acceden a la pensión de jubilación, incapacidad permanente o viudedad, han visto incrementada la cuantía de su prestación en función de los hijos que hayan tenido, a partir de dos hijos se ve incrementada la pensión en un 5%. Este porcentaje debería aplicarse a partir del primer hijo, para las madres divorciadas, separadas, solteras o viudas”.

Además, “habría que explorar, en materia de corresponsabilidad en los cuidados familiares, el reparto de cotizaciones entre los dos miembros de la pareja, de tal forma que si una mujer trabajadora accede a una reducción de jornada por motivos familiares, con la reducción correspondiente de salario y de cotizaciones, mientras que el otro progenitor desempeña su jornada a tiempo completo, se repartan entre los dos las cantidades cotizadas, con el fin de minorar una fuerte reducción en la pensión de jubilación de las mujeres”.

Desde UGT también “reiteramos nuestra petición de que se tenga en cuenta el periodo de cotización que correspondería a las mujeres que hicieron el servicio social, igual que se tiene en cuenta el servicio militar para los hombres. Ya hay sentencias en este sentido y ahora lo ha reclamado el Defensor del Pueblo, pero nosotros llevamos diciéndolo hace tiempo”.

 

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Ni una agresión más a los derechos de los trabajadores y trabajadoras

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha denunciado en el día de hoy la situación de los trabajadores y trabajadoras en el Ayuntamiento de Llanes, “que están perseguidos por ejercer libremente su derecho al voto en las elecciones sindicales del municipio”.

Pepe Álvarez ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa para denunciar la situación de persecución sindical que se está produciendo en el Ayuntamiento de LLanes, en Asturias, donde ha expresado “todo el apoyo y solidaridad del sindicato con las personas represaliadas. Solo un Comité de Empresa o Junta de Personal con las manos libres y con autonomía podrá hacer frente a las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Llanes en los próximos cuatro años. Eso es lo que se vota en estas elecciones”.

En este sentido, ha llamado a los empleados y empleadas a “que planten cara a estas actitudes impropias de una corporación municipal democrática, impropias de los que tendrían y tienen la obligación, por ley, de defender los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Llanes, entre ellos, el derecho a sindicación y a la libertad sindical”.

“Si explicamos a cualquiera de los grupos políticos que tienen representación en el Ayuntamiento de Llanes lo que ha ocurrido con esta sanción al Comité de Empresa por trasladar una denuncia, o simplemente una queja, les parecerá que no es de este planeta”, ha manifestado. “Hay responsables que llevan sus siglas en Llanes que lo han hecho. Y si hablamos de persecución en relación con el presidente de la Junta de Personal, estamos ante una situación similar”.

Por todo ello, ha exigido “al alcalde que acabe con esta persecución sindical a UGT. No lo vamos a permitir. Esto se ha acabado. Ni una agresión más va a quedar impune. Esta situación surrealista no lo vamos a permitir. Que dejen a UGT en paz, que no vuelvan a tocar a nadie de UGT. Eso es una exigencia democrática de un sindicato de más de 130 años de historia que ha posibilitado que los trabajadores y trabajadoras tengan el derecho a la sindicación y la libertad sindical”.

Construir consensos para que Asturias salga del colapso

Durante su intervención, Pepe Álvarez ha reclamado “más diálogo social y consenso para que Asturias salga de esta situación de colapso" para "poder pensar con una perspectiva a corto y medio plazo".

Consensos, por ejemplo, en relación a la transición energética, donde ha considerado que "tenemos una oportunidad con la producción del carbón, habrá recursos de la Unión Europea y del conjunto del país dedicados a este proceso y creo que la mejor manera de que eso tenga éxito será si generan consensos sociales”.

 
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