Menu
A+ A A-

Noticias (642)

En 2018, los salarios tienen que ganar poder de compra

​En 2017, la economía creció, por 4º año consecutivo, y los beneficios empresariales crecieron más que antes de la crisis. Sin embargo, los salarios reales cayeron casi dos puntos porcentuales. Desde 2009, los trabajadores han perdido 7,2 puntos porcentuales de poder adquisitivo.

 España se sitúa a la cabeza de la UE en niveles de pobreza y exclusión social. Las empresas ganan más, pero pagan menos. No invierten los beneficios, sino que se reparten los dividendos.

2018 debe ser el año del cambio con una mejora generalizada del poder adquisitivo de los trabajadores, apostando por un modelo económico más justo e igualitario.

 UGT reclamará en la mesa de negociación aumentos salariales por encima del IPC y el establecimiento de salarios mínimos de convenio de al menos 1.000 euros mensuales (en el marco de la campaña #PonteA1000). Si la patronal no atiende a razones la conflictividad y la movilización están aseguradas.

Los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del cuarto trimestre de 2017, publicados hoy por el INE, muestran cómo en el conjunto del pasado año los salarios por trabajador perdieron casi dos puntos de poder de compra. Una circunstancia anómala y profundamente injusta, en un contexto en el que la economía lleva cuatro años creciendo (los tres últimos por encima del 3%), y las empresas no solo han recuperado el nivel de beneficios que tenían en 2007, antes de la gran crisis, sino que lo han superado y aumentan a un ritmo récord.

Esta situación es insostenible, porque está dañando la actividad económica, perjudicando decisivamente las capacidades recaudatorias del Estado y de la Seguridad Social, y manteniendo a millones de personas en situación de pobreza y exclusión social, donde España se sitúa a la cabeza de la Unión Europea. Hasta que no crezca el poder de compra de los salarios no saldremos realmente de la crisis y comenzaremos a construir un modelo económico más eficiente y sostenible y una sociedad más igualitaria y más justa, donde aumente el bienestar de todos y todas. 2018 debe ser el año que inicie ese cambio.

Según la Encuesta conocida hoy, el coste laboral por trabajador y mes aumentó en el cuarto trimestre un 0,7% respecto al mismo trimestre del año anterior. En el conjunto de 2017 el aumento anual medio ha sido del 0,2%. Por su parte, el coste estrictamente salarial por trabajador y mes aumentó en el cuarto trimestre cinco décimas respecto del existente hace un año, y el aumento medio en 2017 ha sido del 0,1%, es decir, que prácticamente ha permanecido congelado. Paralelamente, los precios de la cesta de la compra (el IPC) han aumentado en 2017 un 2% de media. Es decir, que los salarios en términos reales (una vez descontada la evolución de los precios) han caído 1,9 puntos porcentuales.

La pérdida registrada el pasado año se come las ganancias de 2014 y 2015, que se produjeron por la caída de los precios (en 2016 la variación fue nula), y se suma a las pérdidas registradas desde 2009. En total, desde ese año los salarios han perdido 7,2 puntos porcentuales de poder adquisitivo.

Mientras tanto, las empresas están logrando cuantiosos excedentes, y hace tiempo que dejaron atrás la crisis. Es decir, que las empresas ganan más, pero pagan menos. Y no es para aumentar el empleo o para elevar la inversión; es para repartirse más dividendos. Quienes oponen interesada y falsamente la creación de empleo al aumento de los salarios tan solo pretenden mantener un modelo de crecimiento económico que beneficia a unos pocos (empresas y perceptores de rentas del capital) a costa de empobrecer a la inmensa mayoría de la población, los trabajadores asalariados y los pequeños autónomos. Primero, porque el aumento de los salarios reales es imprescindible para reactivar el consumo de las familias, que es el principal motor de la actividad, y que ahora se está sosteniendo porque las familias están reduciendo sus ahorros; y segundo, porque el empleo que se está creando actualmente es esencialmente precario, poco productivo y de baja calidad, lo que conlleva salarios miserables que no permiten llegar a fin de mes. Esta situación no puede continuar.

Por eso, UGT y CCOO estamos reclamando en la mesa de negociación abierta con las organizaciones empresariales, para intentar alcanzar un acuerdo para la negociación colectiva de los próximos años, que los salarios tienen que crecer por encima de los precios, para ganar poder de compra, y recuperar parte del poder de compra perdido en los años anteriores.

Del mismo modo que en la etapa más dura de la pasada crisis los trabajadores y las trabajadoras tuvieron que aceptar rebajas de salarios para preservar su empleo y salvar a miles de empresas, ahora que la situación ha cambiado, y las empresas obtienen fuertes rentabilidades, las trabajadoras y los trabajadores deben beneficiarse de ello y mejorar sus rentas y su calidad de vida. Y deben mejorar en mayor medida quienes perciben salarios más bajos y sufren peores condiciones laborales, porque también fueron los más castigados por la crisis y por el impacto de la nefasta reforma laboral de 2012, que el Gobierno impuso de manera unilateral.

Esto debe traducirse en aumentos salariales de convenio claramente por encima de los precios, y en el establecimiento de salarios mínimos de convenio de al menos 1.000 euros mensuales. Se trata de una reivindicación justa y perfectamente asumible por las empresas, sin perjudicar a su competitividad, que ha mejorado mucho en los últimos años a costa precisamente de los recortes salariales.

UGT desea alcanzar un acuerdo en esos términos, que sería muy beneficioso para la confianza del país. Pero si la patronal no está dispuesta a ello, y quiere condenar a los trabajadores y a las trabajadoras a nuevas pérdidas salariales, trasladaremos esa reivindicación directamente a las empresas y a los sectores, con toda la fuerza que requiere la gravedad de la situación que atraviesa la clase trabajadora, y utilizando todos los instrumentos de presión y movilización a nuestro alcance.

Foto 1.JPG

Foto 1.JPG

UGT va a continuar las movilizaciones hasta que el Gobierno acepte subir las pensiones conforme al IPC

​La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha manifestado que “vamos a seguir movilizándonos hasta que el Gobierno rectifique y garantice el poder adquisitivo de los pensionistas, una cuestión irrenunciable y de justicia”.

En este sentido, ha advertido que las medidas que pretende adoptar el Gobierno en materia de pensiones son vagas, parciales e insuficientes y “no van a acallar la protesta social".

Resulta especialmente llamativa la promesa de Rajoy de establecer rebajas fiscales en el IRPF para pensionistas y para familias. Anunciar una bajada de impuestos, mientras se mantiene la política de recortes es demagógico y populistas, porque “¿si sobra dinero para bajar impuestos, cómo es que no lo hay para garantizar que las pensiones no pierdan poder adquisitivo?".

Además, aunque se pretende dar la impresión de que la bajada de impuestos va a beneficiar a todos, hay que tener en cuenta que la evidencia demuestra que las bajadas de impuestos a los pensionistas solo pueden beneficiar a las pensiones más altas, que son una minoría, y no a ocho de cada diez que son los que más lo necesitan.

Por otra parte, Barrera ha demandado que las pensiones más bajas alcancen los 1.000 euros mensuales, “un mínimo para poder vivir dignamente”.

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social ha hecho estas declaraciones durante su intervención en la jornada “En defensa de las pensiones públicas dignas de hoy y de mañana”, organizada por UGT-Euskadi, en Bilbao. Asimismo, ha participado, junto al Secretario General de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, Anatolio Díez, y el Secretario General de UGT-Euskadi, Raúl Arza, en la movilización convocada, como cada lunes, en esta ciudad, en defensa de las #PensionesDignas.

Barrera ha retado al Gobierno a que muestre su verdadera voluntad de negociar y recuperar el consenso social y político retirando o modificando la reforma de pensiones que aprobó unilateralmente en 2013, y que supone el empobrecimiento paulatino y constante de los pensionistas presentes y futuros. Asimismo, le ha recriminado que mientras recorta las pensiones públicas esté incentivando los planes de pensiones privados.

Ha señalado que ningún país ha implantado un mecanismo de falsa revalorización como el español y que su implantación no es una imposición de la Comisión Europea, sino responsabilidad del Gobierno. En este sentido, ha precisado que de proseguir este mal llamado Indíce de “Revalorización” de las Pensiones, por el que las pensiones sólo aumentan el 0,25%, en 20 años, los pensionistas perderán entre un 30 o 40%, en función de si la inflación es del 1,5 o el 2%. Un recorte al que se une el Factor de Sostenibilidad, el segundo elemento de recorte de la reforma de 2013, por el que se establece que cuanto más vivas, menos cobres.

Garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, un derecho básico

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social ha manifestado que el mantenimiento del poder adquisitivo es un derecho básico, inseparable del derecho a la pensión de jubilación. 
En este sentido, ha afirmado que UGT demanda que se otorgue, en el marco del Pacto de Toledo, la consideración, en tanto que derecho básico de todos los pensionistas, de que la revalorización de las pensiones es un componente no contributivo de las mismas.

Y como tal, esa actualización con el IPC, debe soportarse por los Presupuestos Generales del Estado y debe ser independiente de si los ingresos por cotizaciones son o no suficientes para cubrir la totalidad del gasto en pensiones.

Al mismo tiempo, el sindicato defiende que se establezca un mecanismo fiscal de carácter finalista con capacidad suficiente para sufragar la revalorización anual y el mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones.

Sin embargo, dada la urgencia de que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo es necesario que el Gobierno se comprometa ya a financiar la subida de pensiones, con cargo a los PGE.

En consecuencia, UGT va a seguir insistiendo frente al Gobierno, y se va a dirigir a los grupos parlamentarios para que se asegure, desde este mismo ejercicio y en el futuro, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Al mismo tiempo continuará con las movilizaciones porque “el Sistema Público de Pensiones es un patrimonio de todos, que entre todos tenemos que defender”.

Suscribirse a este canal RSS

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios, analizando la navegación en nuestro sitio web. Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso. Más información