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UGT INSTA A LA DEFENSORA DEL PUEBLO A EXIGIR A LAS ADMINISTRACIONES QUE CUMPLAN SUS OBLIGACIONES CON LOS DEPENDIENTES

El sindicato denuncia que siguen adjudicando conciertos a empresas o grupos que han sido sancionados reiteradamente

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha acudido a la Defensora del Pueblo paraentregarle una carta donde expresa su preocupación por la situación en que se encuentra la Atención a las Personas Dependientes.

En la misma, el sindicato pide a la Institución que inste a los poderes públicos a cumplir con su obligación de garantizar que los fondos públicos con los que se contrata la prestación de los servicios de la Dependencia, cumplan su objetivo  tanto en la calidad de un servicio, como es la atención a los mayores, como en asegurar una estabilidad laboral. Actualmente, el VII convenio estatal de servicio de atención a personas dependientes sigue paralizado por falta de voluntad patronal, quienes pretenden incluir tareas de limpieza entre las funciones de los y las gerocultoras, lo que supondría una merma sustancial de calidad en la atención al dependiente.

En numerosas ocasiones, FeSP-UGT ha convocado medidas de protesta para denunciar la pasividad de las Administraciones Públicas, desde el Gobierno Central a los Ayuntamientos pasando por las Comunidades Autónomas, en el control efectivo de los conciertos que estas llevan a cabo en relación con las empresas adjudicatarias de los servicios relacionados con atención a los mayores y/o a personas en situación de dependencia.

El sindicato denuncia la ligereza con la que se adjudican conciertos a empresas o grupos de empresas que han sido sancionadas reiteradamente, a pesar de ser conscientes de la disminución en la calidad de la asistencia a los mayores debido a las bajadas de precio.

Gracia Álvarez, Secretaria del Sector Salud, Sociosanitario y Dependencia de FeSP-UGT, tras hacer entrega de la carta, ha manifestado  que “es hora de que las Administraciones cumplan sus obligaciones y hagan cumplir la ley, sin trampas ni rodeos”. “Tenemos constancia de que tenemos constancia de que el catálogo de servicios básico no se está prestando con la calidad suficiente”. 

“Las empresas no están obteniendo los beneficios económicos que esperaban y están retorciendo la norma hasta que las cifras les cuadran” -denuncia la responsable sindical. Esta situación se plantea, entre otras materias, en las ratios de las residencia de mayores. Actualmente la ley establece una proporción entre trabajadores y dependientes para toda una residencia, sin distinguir entre cuidados y servicios residenciales. Algo que aprovechan las empresas para cumplir las ratios contratando empleadas que deberían dedicarse al cuidado pero que acaban cumpliendo dos funciones limpiar y asistir al mayor.

“Tenemos información –añade Álvarez- de casos en los que una sola trabadora se queda al cuidado de cuarenta internos durante las noches o de residencias que levantan a las cinco de la madrugada a los mayores para asearlos y los dejan sentados horas, hasta que llega el desayuno.  Estos ejemplos nos deben hacer pensar sobre el trato que damos a nuestro mayores y dependientes y qué tipo de sociedad somos si tratamos a estas personas como piezas de una cadena de montaje”

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